Había dos maneras de cumplir el compromiso que asumió públicamente el Gobierno federal, de reducir, en los primeros seis meses de su ejercicio, los niveles de inseguridad vigentes cuando lo iniciaron: una, mejorar significativamente la desigualdad social, al efecto de que los delincuentes -muchos de ellos, al menos- reencauzaran su vida; la otra, incrementar la eficacia de las policías -la cacareada Guardia Nacional incluida, por supuesto- para prevenir (impedir, pues) delitos y detener delincuentes, y del aparato judicial para procesarlos y sancionarlos. Como ninguna de las dos cosas ha sucedido, se explica que el compromiso, asumido como respuesta a la más insistente demanda de la población -el 64.5% para ser exactos-, captada y manejada hasta la saciedad durante las campañas previas a las elecciones federales del año pasado, hasta ahora no se haya cumplido.-II-Pruebas de lo anterior, algunos datos difundidos ayer, durante la tradicional “mañanera”, no precisamente por “los fifís”, “los neoliberales”, “los conservadores”, los emisarios de “la mafia del poder” u otros cualesquiera de los críticos o enemigos imaginarios de la actual administración, sino -en presencia del supremo tlatoani en turno, por cierto- por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, nada menos: que sólo en 2018 se cometieran en el país 33 millones de delitos en perjuicio de 25 millones de personas (según datos de la Encuesta Nacional correspondiente, realizada por el Inegi), significa, estadísticamente, que uno de cada cinco mexicanos vivió al menos una experiencia de ese tipo; que en ese lapso se abrieran 29 mil 106 carpetas de investigación, significa que se denuncian menos del 1% de los delitos que se cometen, en parte porque los trámites son engorrosos, pero principalmente porque la generalidad de los ciudadanos presupone que tales trámites serán inútiles; por otra parte, el dato de que en el país -según el Instituto Mexicano de la Competitividad- hay 1.14% de probabilidad de que un delito “se denuncie y se esclarezca”, no debe interpretarse alegremente como indicio de que se esclarezcan casi todos los delitos que se denuncian.-III-Aunque el discurso sostiene que el Gabinete de Seguridad se la vive “tomando decisiones para garantizar (?) la paz y tranquilidad del país”, el hecho probado (“a confesión de parte, relevo de prueba”) es que el aparato encargado -en teoría- de administrar justicia (perseguir, esclarecer y sancionar delitos, principalmente), está ampliamente rebasado por la maldita realidad…Es, como suele decirse, muy poco gato para tanta rata.
