En completa contradicción con la postura que mantuvo como precandidato presidencial, de oponerse al uso del ejército en tareas de seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador ha dado paso al uso del ejército en esas labores y se ha constituido en el gobierno que más labores y peso ha dado a las fuerzas armadas en el México contemporáneo. El pasado lunes, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Mediante dicho acuerdo, se faculta que tanto el ejército como la marina participen en labores de seguridad pública que constitucionalmente estaban asignadas sólo a fuerzas civiles.El acuerdo se funda jurídicamente en los artículos transitorios de la Ley de la Guardia Nacional y establece una fecha límite para permitir estas labores a las fuerzas armadas: 27 de marzo de 2024, es decir, que los militares estarán en labores policiales prácticamente durante todo el gobierno de López Obrador.La decisión del gobierno de la Cuarta Transformación ha generado críticas tanto de los partidos de oposición como de diversos organismos de la sociedad civil. El asunto es que los partidos que ahora cuestionan esta medida, especialmente el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) encabezaron los gobiernos que justamente sacaron a los militares a las calles, a supuestas labores de seguridad pública y que se convirtieron en una guerra generalizada que ha dejado casi 300 mil muertos y más de 61 mil desaparecidos. Justamente varias de las organizaciones que criticaron el acuerdo de López Obrador son las que en los pasados doce años han documentado los abusos que han cometido soldados y marinos en esas funciones. Desde detenciones ilegales, hasta masacres, torturas y desapariciones forzadas. Y todo esto sin contener la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, las razones esgrimidas para sacar a los militares a la calle.El acuerdo que permite a soldados y marinos tareas que van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito, participar en el resguardo y vigilancia de zonas federales, medios de transporte, investigaciones y hasta detenciones, es en sí mismo un reconocimiento del fracaso de estrategia de seguridad del actual gobierno. El uso de militares se justificó como medida transitoria en tanto se consolida la conformación de la Guardia Nacional.Es un reconocimiento de que a año y medio de que llegó al poder, el gobierno de López Obrador no ha podido contener la violencia, la inseguridad, ni el crimen organizado. Otro punto cuestionable señalado por el colectivo Seguridad sin Guerra es que el acuerdo implica violación de derechos y de la Constitución, pues viola la disposición de que las fuerzas armadas deben estar subordinadas a la autoridad civil, cuando el acuerdo habla de “coordinación” entre militares y civiles. Además, deja a las fuerzas armadas a una actuación sin contrapesos, pues le concede el auto control de sus fuerzas. Finalmente, este acuerdo muestra una gran contradicción entre el discurso de López Obrador y de cuadros de la Cuarta Transformación, que a lo largo de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuestionaban el uso de militares en tareas de seguridad pública y a esto se suman las varias tareas que este gobierno ha delegado en el ejército: distribuir combustibles, construir aeropuertos, vigilancia de ductos, compras de gobierno y ahora la “legalización” de lo que constitucionalmente era ilegal: uso de los militares en tareas labores policiales. Con todas estas decisiones, el gobierno de la Cuarta Transformación es el que mayor peso y facultades da a las fuerzas armadas. Es un gobierno que tiende hacia la militarización de la autoridad civil. Malas noticias.
