La relación entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara no podía ser más complicada, tormentosa y caprichosa. La alianza electoral del 2018 fue un matrimonio por interés, una pareja por conveniencia a la que le cuesta la relación cotidiana. Lo que la une es un enemigo común, Andrés Manuel López Obrador; lo que la distancia es un pleito histórico que se remonta al menos a la presidencia de Enrique Alfaro en Tlajomulco (2009) o más allá cuando Raúl Padilla rompió con la FEG, entre ellos con el rector Enrique Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador (1989). Hay momentos en que el matrimonio funciona muy bien y otros en los que se sacan los ojos, pero, sobre todo, parafraseando a Sabina, saben que, un rato cada día, se traicionarían con cualquiera y se cambiarían por cualquiera.Más allá de los argumentos, sólidos y válidos, que los diputados del grupo UdeG, Mara Robles (MC) y Enrique Velázquez (PRD), expresaron para votar en contra del crédito por seis mil 200 millones que solicitó el Ejecutivo, el telón de fondo del distanciamiento tiene que ver con la renovación del Consejo de la Judicatura. En este proceso de renovación terminarán, como siempre lo han hecho, repartiéndose por cuotas. La única diferencia podría ser que la comisión de evaluación que encabeza el Sistema Estatal Anticorrupción suba un poquito la barra a los elegibles y obligue a que si se van a repartir los cargos lo hagan al menos con gente que tenga capacidad probada. Nada más. Antes del famoso crédito todo estaba más o menos planchado para que los tres asientos en disputa fueran uno para MC, otro para el PAN y uno para la UdeG. En la batalla por los votos para conseguir el crédito los partidos pusieron como condición que se discutiera de nuevo el acuerdo de reparto de los asientos de la Judicatura y cuestionaron particularmente que la UdeG (o el PRD, como quiera verse) tuviera un asiento con solo dos diputados.Los ecos del desacuerdo los vamos a ver en varias áreas de la administración donde hay una profunda relación entre el Gobierno del Estado y la Universidad. Particularmente delicado es que la disputa contamine el manejo de la crisis por el coronavirus. Hasta ahora la Secretaría de Salud del Estado y el cuarto de situación de la Universidad de Guadalajara han trabajado de la mano con muy buenos resultados. La primera desavenencia con el Gobierno del Estado se presentó con los planes de reapertura del 18 de mayo. La Universidad, con datos, ganó la batalla y convenció al gobernador de no abrir. El riesgo es que se contamine el hasta ahora muy buen trabajo en salud por los dos lados: o bien que se pierda la confianza y que en adelante el gobierno desconfíe de la Universidad porque ésta use políticamente la información científica (que suele hacerlo con mucha frecuencia), o por el otro que el gobierno se monte en su característica soberbia y deje de escuchar (que es marca de la casa). Por el bien de todos, ojalá que ambos grupos quieran y sepan aislar políticamente el trabajo de salud.(diego.petersen@informador.com.mx)
