No fue el bochornoso y delincuencial atraco de madrugada como en junio de 2020 que las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y sus incondicionales del PAN impusieron ilegalmente a las consejeras de la Judicatura Tatiana Anaya Zúñiga y Claudia Rivera Maytorena, y al consejero Iván Novia Cruz, pero el proceso de designación que culminó la noche del martes pasado en el Congreso local, de quienes en junio próximo los sucederán, dejó nuevamente mucho que desear.Como consejeros ciudadanos los seleccionados fueron Luis Enrique Castellanos Ibarra, sobrino del secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y quien sacó 80 en el examen, e Irving Israel Ávila Trujillo, promovido por el PAN, quien obtuvo 65 de calificación. Ambos trabajaban ya en el Poder Judicial. Como consejera juez fue designada Gabriela Sánchez Cabrales, promovida por la bancada emecista, y quien sacó apenas 57.14 sobre 100 en el examen de conocimiento que contemplaba la convocatoria.Los cuestionamientos al proceso, en el que volvió a predominar la lógica de los “cuates y las cuotas” vinieron desde la semana pasada que el presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), David Gómez Álvarez, votó en contra de las calificaciones asignadas a los aspirantes en ese mismo cuerpo colegiado, por considerar que el ejercicio de evaluación respondió más a evidentes consignas y encargos que a los méritos de las y los aspirantes. En eso coincidieron los integrantes del comité ampliado, entre los que hay destacados académicos, litigantes y notarios, que ayer empezaron a renunciar a volver a participar en la próxima convocatoria para elegir tres magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, para no convertirse en legitimadores de los acuerdos en lo oscurito que se toman en el Congreso.Se incurrió también en el desaseo legislativo cuando se agendó de última hora la elección de los consejeros la noche del martes, y sin notificar a la fracción morenista de la que forma parte Tomás Vázquez Vigil, quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia que coordinaba el proceso de selección. Por este madruguete, las y los diputados de Morena abandonaron la sesión. Además de estas irregularidades que vuelven a poner en evidencia la urgente necesidad de legislar una Ley de Designaciones Públicas para blindarlas de la nociva partidocracia, el Consejo de la Judicatura quedó en vilo, por una impugnación al proceso que llegó 15 minutos antes de que la y los nuevos consejeros rindieran protesta en la sesión fast-track. La suspensión ante el juez fue solicitada por Laura Graciela Gómez González, a quien se le concedió el amparo indirecto 410/2024 dirigido al Congreso, a la comisión legislativa de Seguridad y Justicia, al Centro de Control y confianza y al CPS. En espera de lo que resulte del litigio con la ratificación o no de estos nuevos nombramientos, el Consejo de la Judicatura seguirá lejos de cumplir su papel de combatir la corrupción en un Poder Judicial de Jalisco que urge también limpiar. jbarrera4r@gmail.com
