Las medidas decretadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia ocasionada por el coronavirus son lo más parecido a un Estado de excepción para la mayoría de la humanidad. En apenas pocas semanas se pararon buena parte de las actividades básicas diarias de la sociedad: los espectáculos y esparcimiento primero, luego las educativas a las que siguieron las económicas, excepto las esenciales.Con el mantra de “contener la curva” de contagios como justificación, distintos gobiernos del mundo y de México han empezado, además, a echar mano de medidas coercitivas que conviene discutir tanto su legalidad como su legitimidad.A las medidas de sanidad, como el confinamiento y el distanciamiento social, ahora se han implementado filtros, prohibiciones de salir al espacio público, limitación de la movilidad, obligatoriedad del uso de cubrebocas, o la amenaza de las sanciones por no hacerlo, desde el apercibimiento, la multa y hasta la cárcel. En algunas entidades del país, los gobernadores comenzaron a sellar sus “fronteras”, algo que no existe en el sistema jurídico mexicano. Tanto otros gobernadores como el de Jalisco introdujeron filtros de revisión con la decisión de impedir la entrada a ciudadanos de otras entidades que reportaron temperaturas corporales consideradas como posibles síntomas de enfermedad. ¿Es legal una disposición de esta naturaleza? Según el consejero legal del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sí son legales todos los dispositivos, incluidos lo de limitar o prohibir el libre tránsito debido a que se está protegiendo un bien jurídico mayor que es el “preservar la vida” (David Bernal: “Jalisco: nuestros derechos en la epidemia”, Milenio Jalisco, 23 abril 2020).Pero empiezan a surgir cuestionamientos a estas disposiciones. El domingo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) dio a conocer un pronunciamiento en el que se cuestionaron las disposiciones tanto del gobierno de Jalisco como de otras entidades del país y llamó a no aplicar mano dura con el pretexto de la emergencia sanitaria. “Hemos podido documentar (…) que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico que emitimos para el caso de Michoacán, exceden sus facultades legales (…) las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación”. Hacia el final, el comunicado de Red TDT sostiene: que “estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades. Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia”.A escala global, ayer mismo la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, advirtió una tendencia hacia medidas autoritarias en el contexto del combate al coronavirus: “(…) ha habido casos muy inquietantes en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertados fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró.De modo inquietante, además de estas restricciones a las libertades en calles y plazas, ahora varios gobiernos del mundo, con China a la cabeza pero no el único, están perfeccionando la vigilancia social mediante dispositivos digitales (nuestros celulares), big data e inteligencia artificial. Y todo con la justificación de combatir esta pandemia. Sería una gran derrota social y política, que luego de estar confinados y luchar contra la peste moderna, salgamos de la contingencia, con más mano dura, menos libres y más vigilados.
